Sin utilizar la expresión “coordinador de parentalidad” la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de fecha 26 de febrero de 2015, dispone una medida de apoyo para una familia consistente en dotarles de un especialista en parentalidad.
En nuestro país esta figura carece de regulación, de anclaje jurídico positivo (principio de legalidad). Y de nuevo los Tribunales se ven obligados a suplir tales carencias.
Vamos avanzando, pero lentamente y de de forma pareja al incomprensible paso lento del legislador, tan atento a los réditos políticos.
¿Por qué cuesta tanto legislar sobre esta materia?
¿Será porque no genera ni votos ni ingresos al erario público?